Human
Rights Watch (HRW), con 30 años de existencia, es una de las más grandes e importantes
organizaciones de defensa de los derechos humanos a nivel mundial, la que, a
diferencia de Amnistía Internacional que se orienta más a casos concretos, se enfoca
en los abusos sistemáticos y en las políticas públicas. Se financia mediante
contribuciones de particulares y fundaciones de todo el mundo y no acepta
dinero, directa o indirectamente, de ningún gobierno, lo que garantiza su
independencia.
A
través de investigadores sobre el terreno da seguimiento continuo a las
condiciones de los derechos humanos en más de 90 países, complementando sus
resultados con entrevistas a personas maltratadas, testigos de abusos, activistas,
periodistas, expertos y funcionarios públicos. Los frutos de esas
investigaciones son publicados en informes y comunicados de prensa, pero el
grueso de la información obtenida se reúne en el prestigioso Informe Anual que
publica desde hace 23 años y cuya edición 2013 se divulgó el 31 de enero
pasado.
En
el capítulo sobre Ecuador, el informe precisa varios abusos a los derechos
humanos por parte del gobierno. Sobre el socavamiento a la libertad de
expresión nombra los casos de El Gran Hermano y El Universo, las sabatinas y
cadenas en contra de los medios, o las restriciones contenidas en el Código de
la Democracia. No recoge aún la intención del gobierno de subsidiar el salario
básico de los periodistas. Más adelante resalta el mal uso de leyes antiterrorismo
en contra de participantes en protestas públicas o reuniones privadas, siendo paradigmático
el caso de los 10 de Luluncoto.
Sobre
la justicia sostiene que a pesar de la reforma judicial, la corrupción, la
ineficiencia y la influencia política en el nombramiento y la conducta de los
jueces siguen siendo problemas graves. Se cuestiona la selección de jueces en
concursos anómalos y poco claros y a través de un CNJ de transición afin al
Gobierno .
Destaca
asimismo el intento de desacreditar a las ONGs defensoras de derechos humanos,
acusándolas de recibir fondos extranjeros para desestabilizar al gobierno y la
emisión de un decreto a fin de controlar de cerca sus actividades. Resalta también
la intención del gobierno de reemplazar la CIDH y limitar sus funciones y
alcance.
Como
conclusión sobre el estado de los DDHH en Ecuador, cabe citar el encabezado del
Informe que dice: “El presidente Rafael Correa ha socavado la libertad de
prensa en Ecuador sometiendo a periodistas y figuras de los medios a la denuncia
pública y a litigios de represalia. La independencia judicial sigue sufriendo
en el 2012 debido a los mecanismos de transición para la reforma judicial que le
han otorgado al gobierno y a sus partidarios en el Congreso voz dirimente en el
nombramiento y destitución de los jueces.”
