Me parece importante destacar este editorial del El País, el diario más influyente y de mayor circulación en Uruguay, a fin de mostrar como se ve desde afuera a un gobierno cada vez más autoritario, su relación con la prensa y sus intenciones atrás de la consulta:
¿Qué pasa en Ecuador? *
En Uruguay existe clara consciencia entre quienes saben del valor de la libertad de expresión, de los graves embates a la prensa independiente que caracterizan al régimen del Presidente Chávez. Conocen sobre las persecuciones a periodistas, a empresarios y a sus medios, hasta el extremo que unos 200, entre emisoras de radio, de televisión y de la prensa escrita han desaparecido, mientras por otro lado han surgido los que forman parte del aparato de propaganda chavista y del multimedio oficialista.
En cambio, hay menor noción de lo que sucede con otros gobiernos cortados por la misma tijera, como el del ecuatoriano Rafael Correa. El informe-denuncia, presentado por el relator de Ecuador en la reciente reunión semestral de la SIP, acompañado de un revelador video, resultó de una contundencia apabullante. En el mismo se vio al Presidente en persona, vociferando a voz en cuello en distintas oportunidades, con un grado de virulencia e impunidad increíbles, en contra del periodismo, de la prensa no genuflexa ante el poder, a la que considera, según se desprende de su actitud y de sus palabras, como el gran Satán, centro de todos los males y todos los vicios.
En un momento dado pareció ser un émulo (salvando las distancias) de Luis XIV, con aquello de "l` état c`est moi" (el estado soy yo), porque en una de sus enfervorizadas diatribas se le escuchó decir "porque el gobierno soy yo y el gobierno es el estado, es el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial". Nada menos ni nada más. O sea, que los principios republicanos, la separación de los poderes, son por lo visto descartables para el actual presidente de Ecuador, el cual como se recordará, alcanzó el triunfo sin una gran estructura partidaria detrás, por lo que ingenuamente se especulaba sobre lo que tendría que negociar con los distintos partidos para poder sacar leyes y gobernar. Sin embargo, en un cerrar y abrir de ojos, el parlamento fue cerrado, se convocó a una asamblea constituyente, se hicieron nuevas elecciones y se terminaron sus problemas de debilidad.
No es de extrañar entonces, que se haya abocado a meterle " mano a la justicia", por medio de la consulta popular y referéndum aprobada por la Corte Constitucional que se realizará el próximo 7 de mayo, gracias a la cual se prevé que el Presidente reestructure a todas las Cortes del país. Sustentado en una continua promoción de su gobierno populista y benefactor, utilizando para ello, no solo los recursos del Estado, sino los propios medios incautados previamente a sus antiguos dueños, Correa espera salir triunfante. Entre las 10 preguntas, 2 de ellas están relacionadas con la creación de un Consejo de Regulación, que dictará normas sobre los contenidos en los medios, estableciendo criterios de responsabilidad ulterior. Además , la prohibición de que las empresas de comunicación privadas, sus directores y principales accionistas tengan participación accionaria en ningún otro ámbito. De acuerdo a Correa, este Consejo servirá para que la prensa "no se convierta en la Corte Suprema del país".
Además de que a través del llamado enlace ciudadano de los sábados, Correa estigmatiza corrientemente calificando a los periodistas de "mediocres, manipuladores, corruptos, conspiradores, sicarios de tinta y golpistas", entre otras lindezas, también menudean las agresiones vía aparato estatal. Entre ellas figuran las interrupciones de transmisiones y programas, las irrupciones policiales, los embargos, la finalización de licencias y las persecuciones judiciales. Aunque Correa dice que las demandas las hace como ciudadano, el gobierno dedicó, una cadena nacional para criticar a dos periodistas de investigación, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro "El Gran Hermano", que revela supuestos contratos millonarios suscritos entre su hermano Fabricio Correa y el Estado. Los ha demandado por daño moral, en 10 millones de dólares. También lo hizo con un articulista de El Universo, por una columna de opinión sobre los hechos del 30 de septiembre y a los dueños les pide 3 años de prisión y 80 millones dólares. La lista de atropellos expuesta es tan larga, que el espacio no da.
* Tomado del El País de Uruguay de 23 de abril de 2011
