“¡Ni sé el nombre de este tipejo, pero que sepa con quien se está metiendo, yo soy el Presidente de la República pedazo de majadero! Tú eres mi subalterno y no puedes estar tratando de hacer quedar como mentiroso a tu jefe…”
Con estas palabras se refirió Rafael Correa a César Carrión, ex director del Hospital de la Policía en su cadena sabatina del sábado 23 de octubre, luego de que éste diera declaraciones a CNN aseverando que Correa no estuvo secuestrado en ningún momento y poniendo en duda la versión oficial del “secuestro” del Presidente y del “golpe de estado”.
Y más adelante dice: “Este señor afuera del hospital de los policías, fuera de la policía nacional y hable con el señor Fiscal porque este señor es parte de la conspiración.”
Ni corta ni perezosa, la Fiscalía inmediatamente, en cumplimiento de las órdenes del Presidente, inicia un proceso en contra de Carrión y el 27 de octubre éste es detenido, luego claro, de ser destituido de su cargo en el Hospital de la Policía.
Así, Rafael Correa se ha mostrado de cuerpo entero como lo que realmente se considera. Un líder supremo que dice quién miente y quién no y que ordena a la Justicia detener a un ciudadano por osar poner en tela de duda la verdad oficial, dejando por los suelos el debido proceso y el Estado de Derecho. Así, que confianza podemos tener en la justicia, en que se respeten nuestros derechos, y claro, en que algún día llegue a aclararse que lo que pasó realmente ese triste 30 de septiembre.
A continuación transcribo un excelente editorial de la Revista Vanguardia al respecto:
El post 30S y la paradoja de la justicia ecuatoriana *
El Presidente de la República se está disparando tiros en los pies. A su gobierno y a su imagen, el post 30S, el ejercicio de la injusticia, la manipulación, la persecución y la venganza le pueden causar muchísimo mayor daño que las propias balas que a su criterio quisieron matarlo. Y en esa voluntad de suicidio político lo ayudan personajes como los fiscales o los jueces, atrapados en una dependencia aún inexplicable para la mayoría de ecuatorianos. Esta justicia de la revolución ciudadana se muestra de cuerpo entero cuando varias personas se hallan privadas de sus garantías constitucionales luego de acusaciones verbales del presidente Correa en sus enlaces sabatinos.
Al parecer, esa Justicia no considera necesario el debido proceso JI menos le interesa buscarla verdad procesal. Para este sistema de Justicia lo que vale, la verdad revelada, es la palabra del Presidente de la República.
Es una cruel paradoja que un gobierno que llama a defender la democracia y la Constitución arrase de un plumazo con las garantías que la Carta Suprema propugna. Pero más cruel es que los administradores de Justicia pongan la conveniencia política por encima de sus deberes constitucionales. El artículo 76 de la Constitución garantiza que: "Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada".
El caso del médico y oficial de la Policía César Carrión es la muestra más deprimente de que el Estado de Derechos agoniza. Luego de recibir insultos y ofensas desde el podio presidencial, de ser sometido a escarnio público por el llamado primer magistrado del país, y acusado nada menos que de participar en una conspiración para asesinar al Presidente de la República, esa Justicia no demora en ejecutar la orden presidencial y lo reduce a prisión. Correa lo llamó pedazo de insolente por el novísimo delito de dar una versión que contradice la del golpe de Estado, tomada como verdad tan incontrastable por el gobierno y que se ha convertido en un acto de fe, firme muestra de lealtad Patria quien la defiende y garantía de supervivencia política.
La misma metodología irregular y de abuso se ha desarrollado para actuar en contra del mayor retirado del ejército Fidel Araujo, quien también luego de recibir las acusaciones desde el gobierno, fue objeto de una versión rocambolesca e inmediatamente reducido a prisión. Mención en esta catarata de infamias tiene también Mery Zamora, dirigente de la Unión Nacional de Educadores. Ella ahora está en la clandestinidad por el atrevimiento también de, siempre según el gobierno, incitar a estudiantes a protestar.
Parece que para la Justicia es suficiente la palabra presidencial para quitar a ciudadanos ecuatorianos sus derechos constitucionales. Palabra que es tomada como si fuera la voz de un César o de un dios que está por encima de la ley, de los derechos inalienables de las personas y del régimen democrático que están obligados a defender.
Una sociedad que renuncia a la aplicación de sus derechos y sus deberes marcados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, está jugando con fuego. La Justicia es la más sagrada de las obligaciones de las autoridades y dignidades que se han erigido por el voto de sus mandantes. Romperla bajo cualquier consideración ajena a las leyes es garantía de peores tiempos para un país que no se merece ni el ejercicio tiránico ni la cobardía cómplice.
* Tomado de Revista Vanguardia del 1 al 7 de noviembre de 2010
