El “Decretazo” *

En 1998 se publicó un interesante libro, un tanto desconocido en Ecuador, llamado “Executive Decree Authority”, editado por los politólogos norteamericanos John M. Carey y Matthew Soberg Shugart, en el que recopilan varios artículos académicos sobre la formulación de políticas públicas y la aprobación de leyes a través del uso y abuso de los decretos ejecutivos por parte de los Presidentes en varios países, entre los cuales se incluyen Argentina bajo el gobierno de Menem y Perú bajo el gobierno de Fujimori, aunque tocan también, referencialmente, a otros países sudamericanos como Colombia, Bolivia y Ecuador.

La tesis que hasta ese momento se manejaba en cuanto al abuso de los decretos por parte del Ejecutivo para imponer leyes y políticas públicas era que el diseño institucional del sistema presidencial permitía a un Ejecutivo fuerte, generalmente controlado por un solo partido, usurpar el poder del Legislativo, marginalizándolo y haciendo inefectivas las instituciones democráticas. Esta interpretación es la que, por ejemplo, utiliza O’Donnell en su concepto de “democracia delegativa”. Carey y Shugart van más allá y sostienen que no es únicamente el gran poder del Presidente el que le permite abusar de los decretos, sino también la inhabilidad del Legislativo de actuar coherentemente o, peor aún, su misma complicidad con el Ejecutivo al cederle su capacidad de formulación de políticas y leyes. Es decir que, en muchos casos, estos decretos son fruto de una delegación voluntaria de la autoridad del Legislativo al Ejecutivo, y, lo más curioso, al amparo del mismo diseño institucional y constitucional, a través de declaratorias de emergencia que no se revocaban y proyectos con carácter de urgente que, convenientemente, no eran tratados a tiempo. Esta fue la manera en que Menem y Fujimori pudieron implementar la mayoría de las reformas neoliberales en sus países.

Esta forma de gobernar por decreto, conocida como “decretazo” en Argentina, que no hace si no debilitar la institucionalidad del Estado y la democracia, siendo característica de gobiernos autoritarios en todo el mundo, tiene plena vigencia en el Ecuador de hoy, en el que, al amparo de una constitución mal diseñada, que reforzó aún más el poder presidencial, el Ejecutivo, con la connivencia de un Legislativo sumiso y cómplice, ejecuta políticas públicas sin control ni fiscalización alguna y aprueba, a través de vetos, leyes franca y claramente violatorias de los derechos humanos, como son las reformas al Código de la Democracia, que de ésta solo le queda el nombre, a la que le seguirá con toda seguridad la Ley de Comunicación que los legisladores de Alianza País están fabricando entre gallos y medianoche, con la asesoría, claro, de esas mentes oscuras que pululan por la planta baja de Carondelet.

Por: Arturo Moscoso Moreno

* Tomado de Diario Hoy 29/01/2012: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-decretazo-531509.html

“Dahik puso el pase” *

Pese a la cantaleta oficial acerca de la “larga noche neoliberal”, la realidad es que en el Ecuador la implementación de ese modelo económico fue incipiente, lo que se demuestra en varios estudios. Uno de los más importantes y serios es el índice desarrollado en 2002 por los economistas del Banco Mundial Lora y Panizza que permite medir el alcance de esas reformas en Latinoamérica con un conjunto de indicadores sobre la calidad de las políticas públicas neoliberales. Allí Ecuador aparece como el cuarto país desde el final con menor índice de reformas neoliberales de Latinoamérica, estando incluso por debajo del promedio regional. Cabe destacar que este índice fue avalado por el mismo Rafael Correa en un artículo de 2002 publicado en el No. 76 de la Revista de la CEPAL.

Esto no quiere decir que en Ecuador no se hayan implementado medidas neoliberales. Se aplicaron algunas, muchas de las cuales entraron en vigencia, de acuerdo a lo que sostiene el politólogo ecuatoriano Andrés Mejía en dos interesantes libros: “Informal Coalitions and Policymaking in Latin America. Ecuador in Comparative Perspective” y “Por el ojo de una aguja: la formulación de políticas públicas en el Ecuador”, a través de prácticas informales de intercambio de beneficios que le permitían a un Ejecutivo débil aprobar reformas con el apoyo de ciertos bloques legislativos que votaban con él o al menos no votaban en contra (“mayorías silenciosas”), mientras aparecían como independientes ante el público. En esto mucho tenían que ver los “gastos reservados”.

Pese a la debilidad del Ejecutivo, con una bancada legislativa mínima, en el gobierno que más reformas neoliberales se aprobaron, como la Ley de Modernización del Estado, la creación del Consejo Nacional de Modernización, CONAM y sobre todo, la desregulación del sector financiero, fue en el de Sixto Durán Ballén, cuyo principal ideólogo económico era su Vicepresidente, Alberto Dahik, depuesto por el Congreso y perseguido más de 16 años por la justicia por el caso, justamente, de los “gastos reservados”, y que en los últimos días ha sido tramitado con una rápidez vertiginosa, permitiéndole incluso volver al país.

Más allá de si Dahik es encontrado culpable o inocente por malversación de fondos del estado, lo que llama la atención es que el Presidente Correa, que se autocalifica de izquierda, haya hecho tan enconada defensa y haya puesto tanto empeño en el regreso de uno de los principales teóricos de una doctrina cuya aplicación él mismo califica de nefasta para el país y que es catalogado como uno de los principales responsables, a través de la desregulación financiera que promovió, de la crisis bancaria de 1999 porque, como escuché el otro día en la radio, “si Mahuad metió el gol es porque Dahik puso el pase”.

Por: Arturo Moscoso Moreno

* Tomado Diario Hoy 07/Enero/2012: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/dahik-puso-el-pase-526449.html