Por: Renato Moreno Echeverría
Hace unos días leí el libro “El Cartel de los Sapos”, que relata la truculenta y escalofriante historia del narcotráfico en Colombia desde la perspectiva y vivencias de uno los capos arrepentidos, Antonio López López. Allí nos cuenta en forma descarnada como esta red de corrupción y crimen alcanzó a todas las esferas del entorno político y social del hermano país.
Los tentáculos del narcotráfico son tan poderosos que refrendan la cínica afirmación de un temido mafioso colombiano de que “en su nómina estaban desde el Presidente del país hasta el conserje”. En efecto, gobierno, ejército, policía, paramilitares y guerrilla se han involucrado en este emporio del delito, que no conoce fronteras ni limitaciones y que mueve ilícitamente miles de millones de dólares que superan en mucho el presupuesto de cualquier nación tercermundista. “Poderoso caballero es don dinero” y mucho más, en esos montos; tapa la boca y la conciencia de gobernantes inescrupulosos, carcome el honor y la hombría de bien de los políticos, militares, jóvenes y profesionales. Usa las fuerzas irregulares para que los protejan y repriman cruelmente a sus “Enemigos”.
El panorama se hace más tenebroso todavía, cuando las FARC asumen un papel protagónico en el suministro de cocaína y la protección a los narcotraficantes, cerrando el círculo vicioso de recaudar ingentes montos para armamento y golpear al “imperio” resquebrajando su integridad y poder.
Esta ilícita actividad que en Colombia y México ha dejado una estela de sangre y dolor en miles de ciudadanos que han sido ajusticiados, culpables o no , por un sicariato infernal que ejecuta sin dilaciones ni piedad y “ajusta cuentas” a justos y pecadores indiscriminadamente, ha traspasado las fronteras patrias y comienza a enseñorearse en el Ecuador, comprometiendo a las altas esferas del Poder, a miembros de las fuerzas armadas y ciudadanos en general. Si no, cómo explicar que el señor Chauvin, Subsecretario, asesor y amigo de muchos años del otrora todopoderoso ex-ministro Larrea, miembro “honorífico” de las organización de Derechos Humanos que preside el chileno Juan de Dios Parra, aquel señor que hizo la apología de la inocencia y buena fe de las narcoguerrilleras heridas en Angostura, esté implicado hasta el cuello con los “Ostaiza”, supuestos narcotraficantes y lavadores de dinero de las FARC, ¡un coctel realmente muy peligroso!, que ya ha cobrado la vida de dos personas a manos de los sicarios y que definitivamente erradica nuestra “paz franciscana” y pone en tela de duda la transparencia de un gobierno permeable, que guarda un silencio que parece cómplice, que permite la instalación de campamentos guerrilleros en nuestras selvas desde donde el “comandante” Reyes, adoctrinaba a inocentes estudiantes “bolivarianas”; que no impele a jueces y fiscales para qué realicen oportunas y concienzudas investigaciones de autores, cómplices y encubridores de estas felonías, mientras se escapan los peces gordos en las narices de la policía. El gobierno de la “revolución ciudadana” tiene la obligación moral de demostrar que “la Patria de todos”, no está siendo carcomida por el gusano de la narco-guerrilla, empezando por aclarar esas importantes aportaciones de dudosa procedencia que aún no se investigan, que hipoteca la paz y dignidad de la República!
Hace unos días leí el libro “El Cartel de los Sapos”, que relata la truculenta y escalofriante historia del narcotráfico en Colombia desde la perspectiva y vivencias de uno los capos arrepentidos, Antonio López López. Allí nos cuenta en forma descarnada como esta red de corrupción y crimen alcanzó a todas las esferas del entorno político y social del hermano país.
Los tentáculos del narcotráfico son tan poderosos que refrendan la cínica afirmación de un temido mafioso colombiano de que “en su nómina estaban desde el Presidente del país hasta el conserje”. En efecto, gobierno, ejército, policía, paramilitares y guerrilla se han involucrado en este emporio del delito, que no conoce fronteras ni limitaciones y que mueve ilícitamente miles de millones de dólares que superan en mucho el presupuesto de cualquier nación tercermundista. “Poderoso caballero es don dinero” y mucho más, en esos montos; tapa la boca y la conciencia de gobernantes inescrupulosos, carcome el honor y la hombría de bien de los políticos, militares, jóvenes y profesionales. Usa las fuerzas irregulares para que los protejan y repriman cruelmente a sus “Enemigos”.
El panorama se hace más tenebroso todavía, cuando las FARC asumen un papel protagónico en el suministro de cocaína y la protección a los narcotraficantes, cerrando el círculo vicioso de recaudar ingentes montos para armamento y golpear al “imperio” resquebrajando su integridad y poder.
Esta ilícita actividad que en Colombia y México ha dejado una estela de sangre y dolor en miles de ciudadanos que han sido ajusticiados, culpables o no , por un sicariato infernal que ejecuta sin dilaciones ni piedad y “ajusta cuentas” a justos y pecadores indiscriminadamente, ha traspasado las fronteras patrias y comienza a enseñorearse en el Ecuador, comprometiendo a las altas esferas del Poder, a miembros de las fuerzas armadas y ciudadanos en general. Si no, cómo explicar que el señor Chauvin, Subsecretario, asesor y amigo de muchos años del otrora todopoderoso ex-ministro Larrea, miembro “honorífico” de las organización de Derechos Humanos que preside el chileno Juan de Dios Parra, aquel señor que hizo la apología de la inocencia y buena fe de las narcoguerrilleras heridas en Angostura, esté implicado hasta el cuello con los “Ostaiza”, supuestos narcotraficantes y lavadores de dinero de las FARC, ¡un coctel realmente muy peligroso!, que ya ha cobrado la vida de dos personas a manos de los sicarios y que definitivamente erradica nuestra “paz franciscana” y pone en tela de duda la transparencia de un gobierno permeable, que guarda un silencio que parece cómplice, que permite la instalación de campamentos guerrilleros en nuestras selvas desde donde el “comandante” Reyes, adoctrinaba a inocentes estudiantes “bolivarianas”; que no impele a jueces y fiscales para qué realicen oportunas y concienzudas investigaciones de autores, cómplices y encubridores de estas felonías, mientras se escapan los peces gordos en las narices de la policía. El gobierno de la “revolución ciudadana” tiene la obligación moral de demostrar que “la Patria de todos”, no está siendo carcomida por el gusano de la narco-guerrilla, empezando por aclarar esas importantes aportaciones de dudosa procedencia que aún no se investigan, que hipoteca la paz y dignidad de la República!