miércoles, 15 de agosto de 2012

Autoritarismo Electoral


Dar un concepto de democracia es una tarea compleja. Existen varias definiciones, tanto sustantivas, que van a su contenido, como normativas, que se ocupan de las características que debería tener, es decir, establecen ciertos elementos mínimos que caracterizan como democracia o no a un determinado régimen político. Estas definiciones, llamadas mínimas o procedimentales, entre las que podemos resaltar las de Schumpeter, Dahl o Przeworski, categorizan como un elemento central de la democracia a las elecciones, las que deben ser periódicas, incluyentes, plurales, competitivas, abiertas, justas, limpias, libres e imparciales y en las que esté garantizada la incertidumbre de los resultados.

Existen regímenes políticos que, aparentemente, cumplen con las características de una democracia representativa y en los que se celebran elecciones plurales y periódicas, pero que en realidad violan los principios liberales y democráticos tan profunda y sistemáticamente que las terminan convirtiendo en instrumentos del autoritarismo. Esto es lo que el politólogo Andreas Schedler califica como “autoritarismo electoral”.

Bajo estos regímenes, dice Schedler, las elecciones son democráticas sólo en apariencia, porque si bien son periódicas y ampliamente incluyentes al celebrarse mediante sufragio universal, su pluralidad, competitividad y apertura son mínimas,  permitiéndose a los partidos de oposición participar, ganar votos y escaños, pero negándoles la posibilidad de una victoria y haciéndolos víctimas de un tratamiento represivo selectivo e intermitente. Así, las elecciones están sujetas a una manipulación tan grave, generalizada y sistemática por parte del régimen que éste no califica como democracia.

Schedler advierte que la manipulación autoritaria puede venir en muchas formas, pero todas responden al propósito del régimen de asegurarse un resultado electoral positivo. Así, éste podría diseñar reglas electorales discriminatorias que excluyan a partidos y candidatos de oposición del proceso electoral, que restrinjan su acceso a los medios y al financiamiento de campaña y/o que impongan a sus partidarios restricciones al sufragio. Obligarlos, a través de la coacción o la corrupción, a abandonar la lid electoral o mermarles votos y escaños a través de una distritalización fraudulenta son otras posibilidades.

En nuestro país, la mayoría absoluta con la que cuenta el ejecutivo en la dirección del CNE, incluso con un ex funcionario del gobierno presidiéndolo; las últimas reformas al Código de la Democracia; y, el escándalo de falsificación de firmas para la inscripción de partidos y movimientos que, como resultado esperado por el Gobierno, podría tener a Alianza País como único actor en el próximo proceso electoral, enmarcan al régimen actual dentro de los parámetros de un autoritarismo electoral.

Por Arturo Moscoso Moreno

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