Para empezar debemos señalar que lo que la mayoría de ecuatorianos conocen como “tercerización”, en realidad no se llama así, sino “intermediación laboral”, que es cuando una persona jurídica o compañía emplea a un trabajador para que labore en una tercera empresa. La tercerización en cambio, es aquella que realiza una persona jurídica con su propio personal, para la ejecución de actividades complementarias al proceso productivo de otra empresa, por ejemplo, una empresa de limpieza o de seguridad.
Aclarado este punto es importante destacar que la Ley de Intermediación Laboral y Tercerización, promulgada en el 2006, nace de un acuerdo consensuado entre empleadores, trabajadores y gobierno, a fin de, en primer término, normar y reglamentar una forma de trabajo que se venía dando informalmente y sin control alguno, lo que se prestaba a abusos por parte de los empleadores; y segundo, generar más fuentes de trabajo en el Ecuador a través de innovadoras formas de relación laboral de mucho éxito a nivel mundial. Esto llevó a un aumento significativo de puestos de trabajo, convirtiéndose el mismo Estado ecuatoriano en el mayor usuario de empresas intermediadoras, tanto es así que en Ecuador hay 435.000 personas contratadas bajo este sistema, a los que se suman aproximadamente 20.000 empleados que laboran en las 1156 empresas formales de intermediación laboral que existen en el país.
La misma Ley de Tercerización e Intermediación Laboral establece que el Ministerio de Trabajo es el encargado de controlar que no haya abusos por parte de este tipo de empresas, como la rotación de un trabajador entre diferentes intermediadoras a fin de que no se genere una relación laboral indefinida o la amenaza de que si se quiere conseguir otro puesto de trabajo, no se presenten reclamos o se demande el cumplimiento de sus derechos. Este control jamás se ejerció por parte de esta entidad y como todos conocemos, los abusos continuaron.
Llegó Correa y con él arribaron al Ministerio de Trabajo una serie de funcionarios poco preparados, que poco o nada sabían de legislación laboral, empezando por el mismo Ministro, pero que, por sus relaciones con los movimientos de trabajadores y sindicatos, llegó con la consigna de acabar con la intermediación laboral, en lugar de mejorar el control a las intermediadoras y terminar con los abusos. Así empieza una persecución a esta forma de trabajo, junto con el trabajo con horas, que logrará su cometido con el nuevo “Mandato” que está preparando la omnímoda Asamblea Constituyente.
Hay que resaltar que la persecución llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo no ha sido dirigida en contra de las empresas intermediadoras incumplidas o informales sino en contra de aquellas que estorbaban a los grandes sindicatos de empresas públicas y privadas que habían visto disminuir gradualmente su poder y sus ingresos y prebendas frente al crecimiento de los trabajadores intermediados que no podían ser parte de sus organizaciones. Es así que, como abogados, nos tocó defender a algunas empresas que cumplían la Ley de forma impecable, pero que eran una piedra en el zapato de los sindicatos, mientras que otras que violaban la ley a diario seguían tan campantes, sumado a cientos de autorizaciones a nuevas intermediadoras que no tenían ni capacidad ni infraestructura, pero si los contactos o el dinero para obtener la autorización respectiva.
No debemos dejarnos engañar por un grupo de sindicalistas trasnochados añorando sus días de gloria, aupados por funcionarios del gobierno y asambleístas ignorantes que no tienen ni idea del grave daño que le irrogarían al país eliminando una forma de trabajo que ha aumentado la cantidad de puestos de trabajo y la productividad de las empresas. Sin embargo, al tener una Asamblea que no atiende razones mas que las de Correa, lo más seguro es que el “mandato” pase y se elimine la intermediación laboral y la contratación por horas, que al contrario de la Ley, se hará sin ningún tipo de dialogo ni consenso, y que lanzará al mercado miles de trabajadores que simplemente no podrán ser absorbidos por las empresas usuarias del servicio, por más obligatoriedad que quieran establecer estos pequeños dictadores, que creen que por obra y gracia de un “mandatos” se puede suplir la capacidad económica de empresas que, de por sí, están gravemente afectadas por la crisis económica generada por los desatinos constantes de este gobierno.
¿Y qué pasará con el inmenso número de trabajadores intermediados que trabajan para el Estado?, pues si este gobierno es consecuente con sus “genialidades”, deberá absorberlos a todos, los que al tiempo de engrosar aún más a nuestra ya mastodóntica burocracia, pasarán a recibir todos los beneficios de los leoninos contratos colectivos que caracterizan a la mayoría de instituciones públicas, lo que a su vez, aumentará astronómicamente el gasto corriente del Estado ¿Será esa la factura que el gobierno debe pagar a los sindicatos por su apoyo?. ¿Y qué será de los otros miles de trabajadores de empresas privadas que no puedan ser contratados y pasen a la desocupación?, los más afortunados podrán emigrar, los menos favorecidos pasarán al sector informal y vivirán de un “bono de desarrollo” mal aplicado, y habrá muchos que pasen a engrosar las huestes de la delincuencia. Pero eso sí, “la patria ya es de todos”.
