jueves, 8 de noviembre de 2012

¿Un premio para Bryce?


Alfredo Bryce Echenique es un reconocido escritor peruano, autor de más de una decena de novelas, de las que la más emblemática y reconocida es “Un mundo para Julius” que narra, de forma magistral, con buenas dosis de ironía y humor, la historia de la paulatina destrucción del mundo que rodea a este niño llamado Julius y su pérdida de la inocencia, personaje del que uno no puede evitar encariñarse, reír y sufrir con él. Luego vendrían otras como “La vida exagerada de Martín Romaña” o “El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz”.

Bryce también es autor de cuentos, ensayos y artículos de toda índole, entre los cuales destacan los que publicaba en contra de Fujimori durante su gobierno. Otros destacan por haber sido plagiados. Todo empezó cuando en 2006 el embajador de Perú en la ONU lo acusó de haber plagiado un artículo suyo, a lo que Bryce contestó que se debía “a un error de su secretaria”, luego declararía: “Mi secretaria era yo. Todo eso me lo inventé porque estuve aturdido”, y más adelante afirmaba que todo era parte de un “complot fujimorista que pretendía acabar con él por la vía del descrédito.”

Sin embargo, el organismo peruano de protección de los derechos de autor, INDECOPI, lo encontró culpable del plagio de 16 artículos de 15 autores. Se habla de varios plagios más, e incluso, de acuerdo a la revista mexicana Nexos, utilizó parte de un discurso de otro escritor para una ponencia que presentó en el III Congreso Internacional de la Lengua Española.

El prestigioso Premio FIL de Literatura, antes premio Juan Rulfo, se otorga cada año durante la realización de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ha sido conferido a escritores como Parra, Rybeiro o Monsiváis, por nombrar algunos. Este año el jurado se lo concedió a Bryce, calificándolo como “una de las figuras fundamentales de la literatura latinoamericana.” 

El escándalo no se hizo esperar e inmediatamente 12 académicos mexicanos pidieron que el premio sea reconsiderado debido a los plagios. En respuesta la FIL Guadalajara difundió una carta firmada por 110 escritores e intelectuales defendiendo la decisión. De todas formas, ante la presión pública, el premio, dotado de 150 mil dólares, finalmente se lo entregó a Bryce en su casa, casi a escondidas y sin ninguna ceremonia de por medio.

Al respecto, Juan Villoro se pregunta ¿es posible que la cultura esté al margen de la ética? Yo creo que no. Aquí no hablamos de tendencias políticas o de creencias, motivos irrelevantes para descalificar a un escritor, hablamos de ese oficio como un todo, del que hacen parte, tanto sus novelas, como sus cuentos  y artículos. Si para sus obras, el escritor hurta ideas de otros para hacerlas pasar por suyas, creo que existe una falta de ética que no merece premiarse. Usted amigo lector ¿qué contestaría?


Publicado por Diario Hoy en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/un-premio-para-bryce-565569.html

miércoles, 15 de agosto de 2012

Autoritarismo Electoral


Dar un concepto de democracia es una tarea compleja. Existen varias definiciones, tanto sustantivas, que van a su contenido, como normativas, que se ocupan de las características que debería tener, es decir, establecen ciertos elementos mínimos que caracterizan como democracia o no a un determinado régimen político. Estas definiciones, llamadas mínimas o procedimentales, entre las que podemos resaltar las de Schumpeter, Dahl o Przeworski, categorizan como un elemento central de la democracia a las elecciones, las que deben ser periódicas, incluyentes, plurales, competitivas, abiertas, justas, limpias, libres e imparciales y en las que esté garantizada la incertidumbre de los resultados.

Existen regímenes políticos que, aparentemente, cumplen con las características de una democracia representativa y en los que se celebran elecciones plurales y periódicas, pero que en realidad violan los principios liberales y democráticos tan profunda y sistemáticamente que las terminan convirtiendo en instrumentos del autoritarismo. Esto es lo que el politólogo Andreas Schedler califica como “autoritarismo electoral”.

Bajo estos regímenes, dice Schedler, las elecciones son democráticas sólo en apariencia, porque si bien son periódicas y ampliamente incluyentes al celebrarse mediante sufragio universal, su pluralidad, competitividad y apertura son mínimas,  permitiéndose a los partidos de oposición participar, ganar votos y escaños, pero negándoles la posibilidad de una victoria y haciéndolos víctimas de un tratamiento represivo selectivo e intermitente. Así, las elecciones están sujetas a una manipulación tan grave, generalizada y sistemática por parte del régimen que éste no califica como democracia.

Schedler advierte que la manipulación autoritaria puede venir en muchas formas, pero todas responden al propósito del régimen de asegurarse un resultado electoral positivo. Así, éste podría diseñar reglas electorales discriminatorias que excluyan a partidos y candidatos de oposición del proceso electoral, que restrinjan su acceso a los medios y al financiamiento de campaña y/o que impongan a sus partidarios restricciones al sufragio. Obligarlos, a través de la coacción o la corrupción, a abandonar la lid electoral o mermarles votos y escaños a través de una distritalización fraudulenta son otras posibilidades.

En nuestro país, la mayoría absoluta con la que cuenta el ejecutivo en la dirección del CNE, incluso con un ex funcionario del gobierno presidiéndolo; las últimas reformas al Código de la Democracia; y, el escándalo de falsificación de firmas para la inscripción de partidos y movimientos que, como resultado esperado por el Gobierno, podría tener a Alianza País como único actor en el próximo proceso electoral, enmarcan al régimen actual dentro de los parámetros de un autoritarismo electoral.

Por Arturo Moscoso Moreno

lunes, 6 de agosto de 2012

La impudicia del poder


En febrero de 2010 Wanda Taddei tuvo un altercado con su esposo, el entonces baterista de la banda Callejeros (la misma que tocaba cuando se incendio la discoteca Cromañón y murieron 194 personas), Eduardo Vázquez. Según los informes, durante la discusión éste tomó una botella de alcohol, lo roció sobre su esposa y le prendió fuego. Las quemaduras le afectaron el 60% del cuerpo, agonizó durante diez días y murió. Tenía 29 años y dejó a dos niños en la orfandad. Vázquez fue condenado a 18 años de reclusión por homicidio agravado.

En agosto de 2007 Gonzalo Acro, jefe de una barra de River Plate, finalizó su clase de boxeo en altas horas de la noche y salió caminando junto a un compañero de hinchada. Doblaron una calle y fueron sorprendidos por un grupo de personas, que, sin mediar palabra, les dispararon. Acro recibió un tiro en uno de los muslos y dos en la cabeza. Ingresó al hospital en coma y con pérdida de masa encefálica. Falleció tras 30 horas de agonía. Tenía 29 años. Poco después se demostró que los asesinos eran hinchas de River de otra barra, entre los cuales estaba Rubén Pintos, que fue condenado a cadena perpetua por el crimen.

En días recientes el diario Clarín publicó algunas fotografías de un acto de apoyo al régimen de Cristina Fernández organizado por la agrupación abiertamente kirchnerista denominada “Vatayón Militante” (sic), en las cuales se puede ver a Vázquez y a Pinto tocando en un concierto. En el reportaje se denuncia que muchos presos son sacados de la cárcel a fin de participar en actos políticos de apoyo al régimen. La reacción pública de rechazo fue inmensa.

Mientras el padre de Wanda manifestaba públicamente su estupor y dolor al enterarse que el asesino convicto de su hija tenía permiso para salir a apoyar a Fernández, ésta, muy desparpajadamente y fiel a su estilo, señalaba que el reportaje era “una mentira absoluta”, y que esos encuentros no son políticos, si no que buscan “la reinserción del preso” a la sociedad, criticando además que se utilice el dolor de los familiares de las víctimas para atacar a su gobierno. "No les importa la verdad; lo que sufren las víctimas o sus familiares tampoco; sólo quieren ver cómo manipulan este dolor para atacar al gobierno".

Sin embargo, casi al mismo tiempo, la misma organización Vatayón Militante reconocía, mediante un comunicado de prensa, que los actos en los que participaban los presos eran políticos. “Creemos y sabemos que la cultura siempre es política, hacemos política desde la cultura. Porque todo es política”, dice el comunicado.

El diccionario de la RAE define a la impudicia como la falta de recato y pudor, y la cínica actitud de CFK frente a los hechos relatados nos revelan que el poder no solamente corrompe, como ya lo dijo Lord Acton, sino que también se vuelve impúdico.

martes, 22 de mayo de 2012

Una guerra perdida *


Si bien la mafia tiene sus orígenes en la Sicilia del siglo 19 y la Cosa Nostra, la más conocida es la norteamericana, fruto de la enorme inmigración de italianos a EE.UU. durante las dos primeras décadas del siglo 20, entre los que había una minoría asociada a la mafia siciliana que aprovechó el enorme dinamismo económico que vivía EE.UU. en esos años para controlar rápidamente negocios ilícitos como la extorsión, la corrupción de funcionarios públicos y la baja delincuencia.

Sin embargo, el detonante para el crecimiento exponencial de la mafia norteamericana fue la enmienda constitucional de 1919 que prohibió el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en EE.UU., la célebre Ley Seca, que brindó a los mafiosos una oportunidad de oro para ganar ingentes recursos económicos mediante la producción y venta ilegal de alcohol. Así, durante más de una década, criminales como Al Capone reinaron en varias ciudades norteamericanas, ejerciendo, mediante el dinero, la intimidación o el asesinato, el control de las instituciones, policía, cortes y políticos, haciendo casi imposible procesarlos por sus crímenes.

En 1933, ante su total fracaso, finalmente se abolió la Ley Seca, pero el daño ya estaba hecho, las organizaciones mafiosas simplemente bajaron su perfil y se cambiaron a un rubro de “negocio” más lucrativo, y claro, también ilegal, el tráfico de drogas, al que el Presidente Nixon, sin tomar en cuenta la lección dada por el fiasco de la Prohibición, le declaró una guerra que, 40 años después, lo único que ha logrado es hacer al crimen organizado más poderoso y globalizado.

En esa guerra se gastan alrededor de 30 mil millones de dólares al año y sin embargo, el narcotráfico sigue siendo la actividad ilícita más rentable y atractiva para los criminales, generando ganancias por cerca de 40 mil millones de dólares anuales, de los que gran parte se utiliza para corromper funcionarios públicos y debilitar instituciones y por ende, la democracia, siendo Latinoamérica una de las regiones más afectadas, y Ecuador no es la excepción. Para muestra el contrabando de droga nada menos que en una valija diplomática salida de la mismísima Cancillería y hasta con Reglamento “Ad-Hoc”.

La guerra a las drogas está perdida y la incidencia del narcotráfico en la inseguridad y la corrupción y sus efectos en el debilitamiento institucional de nuestros países hacen pensar que es necesario un cambio de paradigma, y entre las opciones, una de las más claras es la legalización, que no sólo liberaría recursos para prevención y atención médica de dependientes y disminuiría las ganancias de las organizaciones criminales, sino que incluso generaría mayores recursos para el estado por concepto de impuestos, todo ello incidiendo en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Por Arturo Moscoso Moreno


lunes, 30 de abril de 2012

“Si hay una guerra…” *


En 2006, Felipe Calderón, recién posesionado como presidente de México, ante los alarmantes índices de inseguridad que se vivían en ese país, le declaró la guerra al narcotráfico, en la que involucró y privilegió la participación de las Fuerzas Armadas, lo que ha provocado, según la Comisión de Derechos Humanos, Human Rights Watch y otras organizaciones, un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, como torturas, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales, lo que incluso llevó a la Comisión Permanente del Congreso a pedirle a Calderón evitar su uso en esta lucha, petición de la que el Presidente hizo caso omiso, sosteniendo que la participación de las Fuerzas Armadas generaban resultados positivos en el combate en contra de los carteles mexicanos y de la inseguridad.

Esos logros son destacados por la prestigiosa revista mexicana Nexos en un artículo de 1 de octubre de 2010: Al cierre de 2009 se habían destruido 227 laboratorios. Se habían decomisado 90 mil kilos de cocaína, 4.8 millones de kilos de mariguana, cuatro mil 800 kilos de metanfetaminas. Se habían incautado de 389 millones de dólares, cerca de 30 mil armas de guerra y 24 mil armas cortas; 22 mil 900 vehículos; 489 aeronaves y 310 embarcaciones. Se habían capturado y extraditado 286 narcotraficantes. Resultados que se pueden medir también en el número de muertos: 60 mil desde 2006 hasta 2012, muchos de los cuales, según las organizaciones de derechos humanos, han sido ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Acciones que han contribuido, dice irónicamente Nexos, a mantener estable o con crecimiento moderado el consumo de drogas en Estados Unidos.

Más allá de lo injustificable de mantener una guerra a todas luces perdida, como analizaba en un artículo anterior, el involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna para las que no están preparadas ni formadas, como pretende hacer el Presidente Correa en Ecuador de acuerdo a sus propias palabras, no hace sino, como vemos del caso mexicano, causar más muertes y generar más violaciones a los derechos humanos. Por eso también llama la atención la contradicción en que cae el Presidente cuando en otras declaraciones apoya la despenalización de las drogas y denuncia el doble discurso de EE.UU. en su debate.

Si hay una guerra, compañeros soldados – dice el Presidente – hay que enfrentarla y ganar”, palabras que demuestran, una vez más, que el supuesto progresismo del gobierno se mantiene sólo en el discurso, éste también doble, porque en los hechos está más cerca de aquellos que sostienen que el combate al narcotráfico y la inseguridad debe hacerse a través de una guerra y no mediante alternativas más viables y menos costosas en dinero y más importante aún, en vidas humanas.

Por Arturo Moscoso Moreno

martes, 24 de abril de 2012

¿Qué se han creído? *


Si es que, como sostienen algunos miembros de la oposición y analistas, el veto total a la Ley de la Función Legislativa y el cruce de cartas entre Correa  y Cordero es una especie de “tongo” para mantenernos distraídos en eso, mientras otros hechos de consecuencias tal vez más importantes son soslayados, creo que es importante, a riesgo de “caer en la trampa”, hacer un análisis del contenido de esas misivas.

De la descomedida carta del Presidente Correa al fiel, pero ingratamente sorprendido Cordero, lo que más me llama la atención es la frase que dice: “Tales exhortos, señor Presidente, reflejan la crisis por la que está pasando el Parlamentarismo en el mundo que no ha superado la época de las Asambleas Populares con los cuales se derrocaron monarquías, y que pretende buscar un equivocado espacio político dentro de la actividad gubernamental.”

En ese enunciado lo que se ve es un absoluto desconocimiento del significado de “parlamentarismo” que es en realidad un tipo de régimen político, conocido también como régimen parlamentario, que se caracteriza porque los poderes ejecutivo y legislativo están fusionados y los miembros del primero son designados, apoyados o destituidos por el segundo, y que, hasta donde sé, no está en crisis, y más bien varios politólogos relevantes, como Juan Linz por ejemplo, lo presentan como una opción preferible al presidencialismo, régimen político vigente en Ecuador, porque facilita la gobernabilidad.

Por el contenido mismo de la carta, pero por sobre todo, por cómo utiliza el ejecutivo su poder de veto, facilitado por nuestra hiperpresidencialista constitución, lo más probable es que lo que el Presidente quería decir que está en crisis a nivel mundial es el legislativo, lo que es otro cantar, porque si bien no tengo las suficientes referencias como para suscribir la afirmación de que sea a nivel mundial, el que obviamente si está en crisis, prestándose al juego del ejecutivo, transformándose en un órgano de mero trámite para el proceso de aprobación de Leyes que son siempre de conformidad con los deseos del Presidente, es el legislativo ecuatoriano. Esa probablemente es la razón por la que el Presidente monta en cólera y envía esa carta, porque ¿cómo es posible que ese legislativo que está a sus órdenes ose “exhortarle”? De esa arbitraria interpretación de la división de poderes supongo que surge la segunda parte de la frase citada en la que el Presidente acusa a la Asamblea de buscar un espacio político en la actividad gubernamental que, de acuerdo a su idea de democracia, únicamente le corresponde a él.

La humillante respuesta de Cordero no merece más comentario que señalar que le da toda la razón al Presidente Correa: La Asamblea no está para disputarle espacio político al Presidente, ¿qué se han creído?

Por Arturo Moscoso Moreno


miércoles, 1 de febrero de 2012

100 años de la muerte de Eloy Alfaro *


A propósito del centenario del asesinato de Eloy Alfaro, pongo a su consideración dos interesantes puntos de vista sobre la mitificación de los héroes y su utilización política, como hace el actual gobierno con la figura y la espeluznante muerte del “Viejo Luchador”

"Muerte y política

El filósofo francés francés Henri Bergson invoca a la facultad fabuladora de la mente humana, creadora de mitos que marchan paralelamente a la historia. Y Latinoamérica no se ha sustraído a esa tendencia en los últimos 60 años

El académico Olaf B. Rader escribió un libro titulado Tumba y Poder, para desentrañar la afición tanatofílica de muchos regímenes políticos. Entre los diversos aportes de esta obra, se encuentran evidencias de cómo algunos gobiernos utilizan a personas muertas para profundizar sus raíces históricas y justificar un nuevo proyecto político. En este sentido, pese a la enemistad entre Adolfo Hitler y el presidente Paul von Hindenburg, cuando este último falleció, el Canciller del Reich desplegó un enorme aparataje para sus funerales y en su discurso proclamó el ingreso de Hindenburg al Walhalla (paraíso de los héroes en la mitología germana). Al fallecimiento de Vladimir Ilich Lenin, sus sucesores mandaron momificarle, repartieron el cerebro entre múltiples investigadores para descubrir las causas de su genio y erigieron un mausoleo, que fue visitado por millones de personas a lo largo de casi 70 años, con lo cual la atea Unión Soviética contó con su propio "dios".

Esta actitud señalada por Rader responde a lo que el filósofo francés Henri Bergson denomina la facultad fabuladora de la mente humana, creadora de mitos, que marchan paralelamente a la historia. Latinoamérica no se ha sustraído de esta tendencia en los últimos 60 años; y así, por ejemplo, en Cuba, el natalicio de José Martí es celebrado con desfiles nocturnos de antorchas; igualmente en Venezuela, Hugo Chávez, ha instaurado un culto a Bolívar, acusando a las supuestas oligarquías bogotanas de su muerte.

El presidente Rafael Correa, en nuestro país, ha adoptado a Eloy Alfaro como su inspirador histórico. Por lo mismo, no causa asombro que, en el centenario de su cruenta muerte, la actual ministra de Patrimonio proponga cambiar la partida de defunción en la que se dice que fue el pueblo el que mató a Alfaro. Como se podrá observar, esto se encuadra en el contexto antes mencionado de la sacralización de líderes políticos, pero con toda razón los historiadores de cualquier signo ideológico se opondrán a la alteración de documentos. Además, en la visión de este alfarismo moderno, no es concebible que un líder revolucionario que realizó cambios fundamentales haya sido agredido por el pueblo beneficiario de las transformaciones, sino que las causantes de los asesinatos debieron ser las oligarquías afectadas.

El mismo hecho horrendo que constituyó el asesinato de Eloy Alfaro, Flavio Alfaro, Medardo Alfaro, Manuel Serrano, Luciano Coral, Ulpiano Páez y con anterioridad el de Pedro J. Montero, "el tigre del Bulubulu", obligó a que en ese mismo tiempo se investigara quiénes fueron los responsables del delito. En el propio 1912, Olmedo Alfaro publicó un libro titulado El asesinato del general Eloy Alfaro ante la historia y la civilización, revelando los nombres de quienes participaron directamente en el crimen. Luego, se instauró un proceso en el que actuó de fiscal el notable jurisconsulto Pío Jaramillo Alvarado, acusando a un gran número de personas el haber intervenido en el hecho, ya fuere en el arrastre de los cuerpos, que además lo hicieron por turnos; en la compra de leña para la pira, y a los que incentivaban a la multitud para la consumación del linchamiento. Se denunció también a funcionarios públicos, como el ministro Octavio Díaz, quién se había entrevistado con José Cevallos, uno de los actores del hecho. Incluso el fiscal Pío Jaramillo Alvarado acusó directamente al gobierno interino de Carlos Freile Zaldumbide como el responsable de tan horrendo acontecimiento. Por lo mismo, al haber actuado, bien como autores o alentadores, el número de personas fue extremadamente grande para ubicar únicamente en unas la responsabilidad. A todo esto, hay que agregar que la segunda administración del general Alfaro estuvo llena de confrontaciones y que el Gobierno actuó con extrema mano dura en la represión de sus opositores. Así, agredió a balazos a estudiantes universitarios, dirigidos por Belisario Quevedo, que habían conformado clubes para impedir los reiterados fraudes electorales de los que se acusaba al Gobierno. El 25 de abril de 1907, gracias a que Alfaro consiguió facultades extraordinarias del Congreso, actuó la fuerza pública para reprimir la manifestación. Murieron tres personas, se detuvo y juzgó a estudiantes, persiguiéndose aun a sus defensores, como fue el caso del doctor Luis Felipe Borja hijo, quién presentó acusación contra el Régimen, en nombre de la madre del estudiante Alejandro Salvador, uno de los fallecidos en la protesta. De inmediato, El Gobierno comunicó al abogado que tenía el plazo de ocho días para abandonar el país.

Esto causó un sentimiento de rechazo generalizado en la opinión pública, que fue variando a favor del mandatario por la culminación de la obra del ferrocarril y el peligro de guerra con el Perú en 1910, porque el laudo arbitral del Consejo de Estado de España favorecía la tesis territorial del vecino del Sur. La propia obra del ferrocarril se empañó, pues, a pesar de la integración nacional que significó, sus fletes de transporte se consideraba extremadamente altos en relación a los precios de otros ferrocarriles del mundo, a tal punto que se decía que resultaba más barato importar trigo y cebada de Chile y California que traerlos de la Sierra. Esta situación llevó a que el Congreso destacara una comisión para investigar el problema, la que sugirió que el Gobierno "gestione la absoluta eliminación de Mister H. Harman, como gerente de la empresa de ferrocarriles".

En 1910, dado los costos del ferrocarril, el Congreso Nacional se ocupó de un posible arrendamiento del Archipiélago de Galápagos, propiciado por el Gobierno de Alfaro, quién había recibido propuesta de los Estados Unidos para alquilar las islas por $15 millones por un plazo de 99 años. El Presidente quería realizar esa transacción porque, además, consideraba que las islas no reportaban ninguna utilidad al país.

Alfaro debía culminar su período presidencial en agosto de 1911, y por lo mismo, se realizaron elecciones a principios de ese año. Los candidatos fueron Emilio Estrada, persona culta, y Flavio Alfaro, sobrino del presidente, quien tenía verdadera obsesión por el poder. Triunfó Estrada, que había sido el candidato de Alfaro. Sin embargo, el "Viejo luchador" cambió de opinión y presionó a Estrada para que renunciara. Como no lo consiguió, convocó a Congreso Extraordinario buscando la anulación de las elecciones. El Ejército y el Congreso se dividieron, lo que motivó la intervención de la Junta Patriótica, creada por Alfaro para enfrentar el problema territorial de 1910 y que fue presidida por el arzobispo González Suárez, la que advirtió al Congreso que la soberanía del país no residía en el Parlamento sino en la nación y que, por lo mismo, si se anulaban las elecciones, el Congreso violaría la Constitución.

Corrieron rumores sobre golpe de Estado. El 11 de agosto de 1911, una asamblea reunida en el Municipio de Quito desconoció a Alfaro. Parte del Ejército que se alejaba del caudillo produjo un levantamiento al grito de "viva la Constitución"; una multitud agresiva recorría las calles generando atropellos y saqueos. La fracción militar leal a Alfaro avanzaba hacia Quito. Debió intervenir él mismo, deteniendo la incursión, pero exigió que se le dé garantías para alojarse en la Legación chilena y salir del Ecuador. Efectivamente, atravesó la plaza de la Independencia protegido por el ministro chileno Víctor Eastman Cox, hasta llegar al actual Banco Pichincha, en donde se encontraba la representación diplomática de ese país. Renunció al poder y prometió no volver a intervenir en política.

El presidente del Senado, Carlos Freile Zaldumbide, se hizo cargo por 22 días. El ambiente adverso a Alfaro y a sus amigos se hacía sentir; sin duda, esto tenía que ver con los reiterados fraudes electorales realizados por el ala extrema del alfarismo antes mencionado, los ataques a los periódicos contrarios al Gobierno, que incluyeron la clausura de El Comercio y la prisión de los hermanos Mantilla Ortega, que intentaban ser independientes. Todo esto permite comprender que el país deseaba cambiar de régimen y, por lo mismo, Emilio Estrada recibió respaldo y creó expectativas cuando asumió la Presidencia el 31 de agosto de aquel año. Lamentablemente, por su corto Gobierno (murió en Guayaquil el 22 de diciembre de 1911 de infarto cardíaco), no pudo consolidar un proyecto político alternativo, por lo cual se hizo cargo del poder nuevamente Carlos Freile Zaldumbide, quien pertenecía a la clase alta quiteña. Dedicado al campo, buscó mejorar la ganadería, introduciendo la raza Holstein. Fue partidario y amigo de
Alfaro, habiendo sido gobernador de Pichincha, ministro de Estado, rector de la Universidad Central, vicepresidente de la República, presidente de la Asamblea Constituyente de 1906 y presidente del Senado, por lo cual, de acuerdo con la Constitución mencionada, asumió el encargo del poder. Existe una fotografía tomada el 25 de junio de 1908 de un homenaje organizado por Freile con motivo del cumpleaños de Alfaro y la llegada del ferrocarril, donde se encuentran personajes de la alta sociedad quiteña. ¿Significa esto entonces que parte de la oligarquía estaba con Alfaro? Probablemente más tarde, la relación entre Freile y el líder radical debió enfriarse. Pero tampoco accedió días después del arrastre de los Alfaros a los deseos del general Leonidas Plaza de volver a la Presidencia, y tras el asesinato de su ministro leal Julio Andrade, renunció a su cargo y fue reemplazado por Francisco Andrade Marín.

El resto de la historia es conocida; a la muerte de Estrada, Flavio Alfaro y Pedro J. Montero, se levantaron en contra del Gobierno interino de Carlos Freile Zaldumbide, el uno en Esmeraldas y el otro en Guayas. Eloy Alfaro regresó para mediar entre sus lugartenientes. El Régimen de Freile no estuvo dispuesto a negociar con los sublevados, envió al Ejército comandado por los generales Leonidas Plaza y Julio Andrade, el que se enfrentó con los rebeldes de Huigra, Naranjito y Yaguachi, donde hubo miles de muertos, lo que enardeció más a la ciudadanía. Derrotados los Alfaros, como se les decía entonces, corrieron la suerte antes descrita. Esta historia no se puede cambiar plebiscitariamente, pero sí asimilar la lección para evitar la intolerancia y el autoritarismo.

Eloy Alfaro: memoria de una tragedia mítica 

La hoguera bárbara

El antropólogo Segundo Moreno Yánez hace una reconstrucción de la forma en que, a partir de su muerte, Eloy Alfaro, el hombre de carne y hueso, se convirtió en un mito político y en protagonista de una tragedia mítica

En su conocida obra Totem y Tabu, Sigmund Freud se propuso explicar los orígenes de la historia humana "mediante interpretaciones psicoanalíticas proyectadas sobre la antropología". Para el padre del psicoanálisis, el "drama edípico primigenio, esto es, el parricidio en la horda primitiva", fue la base de la religión y de la moralidad y el fundamento de la vida civilizada. No es lejana a la psicología de los pueblos la teoría propuesta por James George Frazer en La Rama Dorada (México, 1986) de que los reyes, sacerdotes y dioses dan vida a la sociedad gracias a su entrega a la muerte ritual. Incluso la conmemoración de un sacrificio es la rememoración de un homicidio colectivo fundacional, trátese del origen de un pueblo y de una nación o del inicio de una transformación dialéctica. A este propósito, conviene recordar la afirmación de Marco V. Rueda (Mitología, Quito, 1993) de que la mitología nunca es "la historia de la vida de los dioses, sino la vida de los hombres", por lo que a través de los mitos, podemos descubrir lo que nosotros sentimos y vivimos. Por lo mismo, detrás de un ritual dramático, se encuentra una historia contextualizada que no es sino la "historia clínica" de un pueblo, en cuyo análisis se pueden descubrir las propensiones sociales, entre ellas las debilidades y patologías, así como diversas formas de resistencia, la solidez, constancia y reciedumbre: virtudes y defectos, asociados todos ellos a un inconsciente colectivo.

Conocer "males espantosos" y buscar "remedios heroicos". Son importantes las reflexiones anteriores para entender mejor los "espeluznantes acontecimientos del mes de enero de 1912" que, sin duda, se encuentran, al decir de Jorge Salvador Lara en su prólogo a Eloy Alfaro de Wilfrido Loor (Quito, 1982), "entre las páginas más sórdidas y siniestras" de nuestra historia y "cuya rememoración causa, hasta ahora, horror y estremecimiento".

Ya desde el año de la "hoguera bárbara", surgieron los ensayos tendientes a rescatar la memoria histórica, aureolada de martirio, del caudillo liberal Eloy Alfaro; inicia esta tendencia la remembranza filial de Olmedo Alfaro con su libro El asesinato del Gral. Eloy Alfaro ante la historia y la civilización (Panamá, 1912). Frente a esta tesis panegirista y a partir del Manifiesto lanzado el mismo año por el Partido Conservador con miras a rechazar la acusación de haber participado en el múltiple asesinato, apareció una "antítesis limitante", en la que sobresale la obra de Wilfrido Loor Moreira: Eloy Alfaro (Quito, 1947, 1982) que, con meticulosa metodología, recoge fuentes históricas sin escatimar las provenientes del bando liberal, por lo que, incluso sus opositores, la han convertido en "inagotable cantera de datos para la propia historiografía liberal". Hasta el momento, Loor Moreira es el que "mayor acopio de datos aporta para una aproximación a la figura de Alfaro". Su bibliografía es casi exhaustiva y contiene libros, folletos, diarios y periódicos, revistas y folletines ocasionales, mientras la recopilación documental, además de los testimonios del "Proceso", ha incluido partes de guerra, telegramas, mensajes, decretos, cartas, memorias, recibos, etc.

No hay que olvidar, sin embargo, que aunque la reconstrucción de los hechos es fidedigna e históricamente fundamentada, sus juicios son apodícticos desde el punto de vista de sus convicciones políticas. El presidente Velasco Ibarra en una carta (23.05.1955) le decía: "Hoy en que Alfaro resulta el iluminador y el héroe de la nacionalidad ecuatoriana, tus libros aportan el inexorable y documentado correctivo y permitirán que más tarde, cuando surja el verdadero historiador, lleno de talento y de conciencia, realice la reconstrucción honda de hombres y de tiempos que le permita al Ecuador entenderse a sí mismo, conocer sus males espantosos y buscar los remedios heroicos para su existencia nacional".

Por lo mismo, frente a la historia que deviene en "un recuerdo para honra o ludibrio de los ciudadanos", es importante rememorar la personalidad de Eloy Alfaro como un hombre de carne y hueso que, al decir de W. Loor, "en lenguaje popular manabita, es de los que saben arrastrar el poncho y no lo dejan pisar de cualquiera. Pequeño de cuerpo, de ojos vivos, que suplen la poca facilidad de palabra, campechano, bonachón en apariencia, posee el arte de ser jefe y captarse la buena voluntad de los que le rodean". No obstante, la historia, como a otros personajes, le convirtió en "mito político", es más, en protagonista de una "tragedia mítica". Los mitos políticos, según Olaf B. Rader (Tumba y Poder, Madrid, 2006), "existen en tres formas de transmisión que se refuerzan recíprocamente: la narrativa, la ritual y la icónica. (…). Las sociedades humanas adquieren y elaboran conocimientos transmitidos históricamente y de este modo crean unas bases para la fundación de su identidad y para su legitimación histórica mediante imágenes, símbolos y monumentos". Por otro lado, como en la historia romana, las sociedades también transforman los mitos en acontecimientos históricos. Quizás esta última es la explicación más recóndita de la tragedia mítica de 1912 y allí radica su alta peligrosidad, pues la vivencia del mito no es racional ni irracional, es "a-racional".

Ritos orgiásticos. En su Antropología estructural, Claude Lèvi-Strauss (Buenos Aires, 1973), al hacer hincapié en la inmanencia del mito, escribe: "El valor interno otorgado al mito se deriva de que estos acontecimientos, que han ocurrido en un determinado momento, configuran al mismo tiempo una estructura permanente. Esta se aplica a la vez al pasado, al presente y al futuro". Toda tragedia mítica debe ser considerada como un rito orgiástico, cimentado en una excitación dionisíaca, producida por una intensa crisis social. Las culturas humanas, inconscientemente, han seleccionado ritos orgiásticos como el despedazamiento de cadáveres, la lapidación, el arrastre y cremación de las víctimas y otros. Es interesante anotar que los crímenes políticos, cuyos protagonistas han sido masas anónimas de homínidos, en las tierras ecuatoriales, han dado preferencia al "arrastre" e incineración.

Conviene citar algunos ejemplos. El 15 de junio de 1812, el conde Ruiz de Castilla fue arrastrado desde la recolección mercedaria de El Tejar hasta la plaza principal de Quito; murió tres días después a causa de sus graves heridas. El 11 de agosto de 1911, sufrió igual suerte el coronel Luis Quirola, quien estaba preso en el Panóptico por el crimen político de haber asesinado al general Emilio Terán. Años antes, el 4 de mayo de 1897, el entonces comandante Quirola había intentado arrastrar por las calles de Riobamba el cadáver del jesuita P. Emilio Moscoso, rector del colegio San Felipe, asesinado en medio del sacrilegio cometido en el templo por las tropas liberales bajo el mando de Flavio Alfaro y Pedro Montero. Este último, el 25 de enero de 1912, pereció en Guayaquil por disparos y heridas de bayoneta; su cadáver fue arrojado a la calle y arrastrado por una turba vociferante hasta la plaza Rocafuerte, donde su cuerpo amputado fue incinerado cerca de la iglesia de San Francisco. Por lo demás, son conocidos los espantosos sucesos del 28 de enero de 1912, que terminaron en la "hoguera bárbara". No conviene rememorar casos más recientes que han sido conocidos por la prensa bajo los términos de "linchamiento" o "justicia por las propias manos"; menos todavía pensar en el futurible de un crimen político que fue impedido por el providencial arribo de un "ángel de la guarda" con alas de helicóptero.

En las "tragedias míticas", los rituales son fósiles culturales que hacen funcionar el mecanismo victimario que, a su vez, recrea la violencia extática y revitaliza el "crimen fundador". Este mecanismo victimario puede ser incentivado con el uso de drogas (es el caso del mito de Dionisio acompañado de su ejército salvaje de sátiros y ménades), alcohol, etc. No obstante, no se debe dejar de lado la histeria colectiva producida por intensos sufrimientos, monstruosos odios o irreconciliables venganzas. El "mito" no es mentira, es "un instinto de verdad que hemos perdido", escribe René Girard (Los orígenes de la cultura, Madrid, 2006) y añade: "Los Evangelios consideran falsa la creencia de los linchadores, que desde luego son culpables, aunque también perdonables desde el momento en que son víctimas de una ilusión involuntaria".”



lunes, 30 de enero de 2012

El “Decretazo” *

En 1998 se publicó un interesante libro, un tanto desconocido en Ecuador, llamado “Executive Decree Authority”, editado por los politólogos norteamericanos John M. Carey y Matthew Soberg Shugart, en el que recopilan varios artículos académicos sobre la formulación de políticas públicas y la aprobación de leyes a través del uso y abuso de los decretos ejecutivos por parte de los Presidentes en varios países, entre los cuales se incluyen Argentina bajo el gobierno de Menem y Perú bajo el gobierno de Fujimori, aunque tocan también, referencialmente, a otros países sudamericanos como Colombia, Bolivia y Ecuador.

La tesis que hasta ese momento se manejaba en cuanto al abuso de los decretos por parte del Ejecutivo para imponer leyes y políticas públicas era que el diseño institucional del sistema presidencial permitía a un Ejecutivo fuerte, generalmente controlado por un solo partido, usurpar el poder del Legislativo, marginalizándolo y haciendo inefectivas las instituciones democráticas. Esta interpretación es la que, por ejemplo, utiliza O’Donnell en su concepto de “democracia delegativa”. Carey y Shugart van más allá y sostienen que no es únicamente el gran poder del Presidente el que le permite abusar de los decretos, sino también la inhabilidad del Legislativo de actuar coherentemente o, peor aún, su misma complicidad con el Ejecutivo al cederle su capacidad de formulación de políticas y leyes. Es decir que, en muchos casos, estos decretos son fruto de una delegación voluntaria de la autoridad del Legislativo al Ejecutivo, y, lo más curioso, al amparo del mismo diseño institucional y constitucional, a través de declaratorias de emergencia que no se revocaban y proyectos con carácter de urgente que, convenientemente, no eran tratados a tiempo. Esta fue la manera en que Menem y Fujimori pudieron implementar la mayoría de las reformas neoliberales en sus países.

Esta forma de gobernar por decreto, conocida como “decretazo” en Argentina, que no hace si no debilitar la institucionalidad del Estado y la democracia, siendo característica de gobiernos autoritarios en todo el mundo, tiene plena vigencia en el Ecuador de hoy, en el que, al amparo de una constitución mal diseñada, que reforzó aún más el poder presidencial, el Ejecutivo, con la connivencia de un Legislativo sumiso y cómplice, ejecuta políticas públicas sin control ni fiscalización alguna y aprueba, a través de vetos, leyes franca y claramente violatorias de los derechos humanos, como son las reformas al Código de la Democracia, que de ésta solo le queda el nombre, a la que le seguirá con toda seguridad la Ley de Comunicación que los legisladores de Alianza País están fabricando entre gallos y medianoche, con la asesoría, claro, de esas mentes oscuras que pululan por la planta baja de Carondelet.

Por: Arturo Moscoso Moreno

lunes, 9 de enero de 2012

“Dahik puso el pase” *

Pese a la cantaleta oficial acerca de la “larga noche neoliberal”, la realidad es que en el Ecuador la implementación de ese modelo económico fue incipiente, lo que se demuestra en varios estudios. Uno de los más importantes y serios es el índice desarrollado en 2002 por los economistas del Banco Mundial Lora y Panizza que permite medir el alcance de esas reformas en Latinoamérica con un conjunto de indicadores sobre la calidad de las políticas públicas neoliberales. Allí Ecuador aparece como el cuarto país desde el final con menor índice de reformas neoliberales de Latinoamérica, estando incluso por debajo del promedio regional. Cabe destacar que este índice fue avalado por el mismo Rafael Correa en un artículo de 2002 publicado en el No. 76 de la Revista de la CEPAL.

Esto no quiere decir que en Ecuador no se hayan implementado medidas neoliberales. Se aplicaron algunas, muchas de las cuales entraron en vigencia, de acuerdo a lo que sostiene el politólogo ecuatoriano Andrés Mejía en dos interesantes libros: “Informal Coalitions and Policymaking in Latin America. Ecuador in Comparative Perspective” y “Por el ojo de una aguja: la formulación de políticas públicas en el Ecuador”, a través de prácticas informales de intercambio de beneficios que le permitían a un Ejecutivo débil aprobar reformas con el apoyo de ciertos bloques legislativos que votaban con él o al menos no votaban en contra (“mayorías silenciosas”), mientras aparecían como independientes ante el público. En esto mucho tenían que ver los “gastos reservados”.

Pese a la debilidad del Ejecutivo, con una bancada legislativa mínima, en el gobierno que más reformas neoliberales se aprobaron, como la Ley de Modernización del Estado, la creación del Consejo Nacional de Modernización, CONAM y sobre todo, la desregulación del sector financiero, fue en el de Sixto Durán Ballén, cuyo principal ideólogo económico era su Vicepresidente, Alberto Dahik, depuesto por el Congreso y perseguido más de 16 años por la justicia por el caso, justamente, de los “gastos reservados”, y que en los últimos días ha sido tramitado con una rápidez vertiginosa, permitiéndole incluso volver al país.

Más allá de si Dahik es encontrado culpable o inocente por malversación de fondos del estado, lo que llama la atención es que el Presidente Correa, que se autocalifica de izquierda, haya hecho tan enconada defensa y haya puesto tanto empeño en el regreso de uno de los principales teóricos de una doctrina cuya aplicación él mismo califica de nefasta para el país y que es catalogado como uno de los principales responsables, a través de la desregulación financiera que promovió, de la crisis bancaria de 1999 porque, como escuché el otro día en la radio, “si Mahuad metió el gol es porque Dahik puso el pase”.

Por: Arturo Moscoso Moreno